Cooperación histórica entre México y Estados Unidos: drogas y trata de personas
16 de junio de 2025
Autores: Gerardo Rodríguez Sánchez Lara y Bruno Favian Correa Gomez
La estrategia de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum continúa mostrando avances relevantes en el combate a la violencia, el crimen organizado y la impunidad, en un contexto nacional marcado por desafíos estructurales en materia de seguridad pública. Entre octubre de 2024 y mayo de 2025, las acciones coordinadas del Estado mexicano han derivado en la detención de más de 20 mil personas vinculadas a actividades delictivas, así como en el aseguramiento de más de 30.5 toneladas de drogas, más de 10 mil armas de fuego y más de 2.2 millones de pastillas de fentanilo, además de 1,406 kilogramos adicionales de esta sustancia. A ello se suma el desmantelamiento de 896 laboratorios clandestinos y centros de concentración para la producción de drogas sintéticas, principalmente metanfetamina, en al menos 20 entidades federativas.
Estos resultados han sido posibles gracias a la implementación de la estrategia de “Cero Impunidad”, que ha fortalecido la coordinación interinstitucional entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR) y diversas fiscalías estatales. Esta articulación ha permitido no solo incrementar la capacidad operativa del Estado, sino también mejorar el uso de inteligencia para la identificación de objetivos prioritarios.
En este marco, se han concretado detenciones de alto perfil que reflejan el alcance de esta estrategia. Entre ellas destaca la captura de María del Rosario “N”, presunta operadora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien era buscada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) por su presunta participación en redes de tráfico internacional. Asimismo, se logró la detención de Jesús “N”, alias “Chuy”, identificado como integrante del Cártel de Sinaloa y con una orden de extradición vigente. A estos casos se suma la captura de Mario “N”, alias “Escorpión 42”, junto con otros líderes regionales vinculados al Cártel del Golfo. Estas acciones han estado acompañadas por el aseguramiento de armas, drogas, explosivos e incluso animales exóticos, lo que evidencia la diversificación de las actividades criminales de estos grupos.
En términos de incidencia delictiva, los datos reflejan una tendencia a la baja en indicadores clave. El promedio diario de homicidios dolosos registró una disminución del 24.9% entre septiembre de 2024 y abril de 2025, siendo este último mes el de menor incidencia desde 2016. En comparación con 2018, la reducción alcanza el 27.3%, lo que sugiere un avance sostenido en la contención de este delito. No obstante, la violencia sigue concentrándose en ciertas regiones del país: siete entidades federativas acumularon el 52.1% de los homicidios dolosos entre enero y abril de 2025, destacando estados como Guanajuato, Baja California y el Estado de México.
Por otro lado, los delitos de alto impacto también han mostrado una disminución significativa. Entre septiembre de 2024 y abril de 2025 se registró una reducción del 14.9%, mientras que en comparación con 2018 la baja alcanza el 42.8%. Estos datos refuerzan la narrativa gubernamental de que la estrategia actual, basada en inteligencia, coordinación institucional y despliegue territorial focalizado, está generando resultados tangibles.
Sin embargo, el panorama de seguridad aún presenta focos rojos importantes. Entidades como Zacatecas, Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Morelos continúan concentrando eventos de alta violencia, incluyendo enfrentamientos armados, ataques contra fuerzas de seguridad y homicidios de policías. Estos escenarios evidencian que, si bien se han logrado avances, persisten dinámicas criminales complejas que requieren atención sostenida y ajustes estratégicos.
En conjunto, los resultados presentados reflejan un esfuerzo integral del gobierno federal por recuperar el control territorial y debilitar las estructuras del crimen organizado. Aunque los avances son significativos en varios indicadores, la persistencia de la violencia en regiones específicas subraya la necesidad de consolidar y profundizar las capacidades institucionales para garantizar una mejora sostenida en la seguridad del país.
